La megacausa por estafas que sacude a la provincia de San Juan, vinculada a la concesionaria de motos Branka Motors, ha entrado en una etapa de definiciones clave. Tras la detención de los hermanos Alexis Javier y Jonathan David Marcó, junto a Facundo Agustín Banega, la defensa de los imputados presentó una propuesta formal de reparación integral para intentar frenar el proceso penal y evitar la cárcel.
El plan de pago de los acusados
Los acusados, señalados como los responsables de la firma, han ofrecido una suma que ronda los 500 millones de pesos para resarcir a los más de 300 damnificados que formalizaron su denuncia ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.
La propuesta contempla un esquema de pagos divididos en cinco cuotas, con el objetivo de devolver el capital invertido por los clientes que pagaron por unidades que nunca recibieron. Según trascendió de fuentes judiciales, el plan busca alcanzar una conciliación que, de ser aceptada por la mayoría y homologada por el juez, podría derivar en la extinción de la acción penal.
La postura de los damnificados
Entre las víctimas el clima es de profunda incertidumbre y una creciente resignación. Muchos de los afectados, que entregaron sus ahorros o incluso sacaron préstamos bancarios para adquirir un rodado, se ven ante el dilema de aceptar un acuerdo que les devuelva el dinero aunque devaluado por la inflación o continuar con la vía judicial buscando una condena de cumplimiento efectivo.
«Queremos recuperar lo nuestro, pero también que paguen por lo que hicieron», señalan algunos de los denunciantes que se han concentrado en las puertas de Tribunales. Mientras un sector se inclina por aceptar el dinero ante el temor de no recuperar nada en el futuro, otros rechazan la oferta por considerarla insuficiente frente al daño causado y el tiempo transcurrido.
La magnitud de la estafa
La investigación, liderada por el fiscal Guillermo Heredia, estima que el perjuicio económico supera los 510 millones de pesos, con cerca de 348 denuncias registradas hasta la fecha. El modus operandi consistía en la venta de motocicletas de contado o en cuotas, cuya entrega se dilataba indefinidamente hasta que el local cerró sus puertas, dejando a decenas de sanjuaninos sin sus vehículos y sin sus ahorros.
En los próximos días, la justicia deberá evaluar si la propuesta de reparación económica cuenta con el consenso necesario entre las víctimas para dar lugar a una salida alternativa al juicio oral.
