Una red delictiva dedicada a la usurpación de identidad y las estafas millonarias sufrió un duro revés en la Justicia sanjuanina. Mediante un juicio abreviado, cinco de los principales implicados reconocieron sus delitos y aceptaron penas de prisión efectiva. Sin embargo, el trasfondo de la causa desnudó una alarmante realidad: la organización no habría podido operar sin una aceitada complicidad interna en el Estado provincial.
La «entregadora» del Registro Civil
La pieza clave para que el engranaje criminal funcionara era Natalia Castillo, exencargada del Registro Civil de Pocito. Según la investigación del fiscal federal Fernando Alcaraz, Castillo era el brazo ejecutor dentro del organismo público.
Las pericias a los teléfonos celulares fueron la prueba reina: los chats demostraron que la funcionaria coordinaba de forma directa con los delincuentes el ingreso de los «prestachicos» personas que ponían su rostro y huellas digitales— para emitir documentos duplicados de ciudadanos inocentes. Los mensajes revelaron además el trasfondo económico de la empleada estatal, quien llegó a pactar una tarifa fija de 400.000 pesos por cada DNI falso emitido. Por este rol indispensable, Castillo recibió una pena de 4 años y 8 meses de cárcel.
El cerebro narco y sus «soldados»
El liderazgo de la banda estaba en manos de Rolando Javier Navarro Saide, un hombre con un frondoso prontuario que ya arrastraba una condena por narcotráfico. Su teléfono, secuestrado en esa causa anterior, fue la punta del ovillo para desarmar la red.
Navarro Saide robaba datos de las víctimas cruzando bases oficiales de ANSES, programas sociales y padrones electorales. El cabecilla acordó una pena de 5 años y 4 meses de prisión. Junto a él, cayeron otros cuatro eslabones de la banda que ponían el cuerpo para los trámites: Rodrigo Navarro Pozo, Marcelo Cardozo y Matías Martínez Villalba (todos condenados a 3 años y 10 meses), y Marcos Vallejos (3 años en suspenso).
Vidas arruinadas y un botín de 80 millones
Con el plástico legal en la mano, la banda se dedicaba a vaciar financieras sacando créditos masivos y comprando electrodomésticos a nombre de los damnificados. La maniobra destrozó la vida financiera de cinco personas, generando deudas que escalaron hasta los 80 millones de pesos.
Entre las víctimas, un damnificado sufrió embargos por 35 millones de pesos y debió frenar la construcción de su casa, mientras que otra mujer quedó virtualmente indocumentada en el extranjero porque su DNI original fue dado de baja automáticamente por el sistema al emitirse el duplicado trucho en San Juan.
Seis acusados van a juicio oral
La historia no termina acá. Otros seis integrantes de la organización se negaron a firmar el acuerdo y decidieron ir a juicio tradicional. Se trata del grupo de «rostros» que intentó tramitar otros 19 documentos falsos, maniobras que finalmente fueron detectadas y bloqueadas gracias a las alertas del sistema biométrico del Renaper. Para ellos, la fiscalía ya adelantó que solicitará penas de hasta 2 años y medio de prisión condicional.
