La defensa de Eduardo Ignacio Murias presentó un recurso de urgencia ante la Justicia de Minas Gerais alegando que sufrió agresiones físicas en el penal de São João del-Rei. Su abogado defensor afirmó que el acusado está «muy arrepentido», intentó bajarle el tono al escándalo argumentando que las frases donde llamaba «esclavo» a un nene de 7 años pertenecían a un chat privado y sentenció: «Es un turista que ama Brasil».
El caso del ciudadano argentino detenido en Brasil bajo graves cargos de racismo sumó un capítulo de extrema tensión intramuros. Eduardo Ignacio Murias, el hombre de 63 años arrestado tras fotografiar a un nene afrodescendiente en un tren turístico y enviar mensajes aberrantes donde sugería «tomarlo como esclavo», denunció haber sido blanco de severas agresiones físicas dentro del sistema penitenciario y exigió su excarcelación inmediata por razones de seguridad.
El planteo fue articulado mediante un recurso de urgencia presentado por sus abogados ante el Juzgado Criminal N°1 de São João del-Rei, en el estado de Minas Gerais. En el escrito, la defensa técnica de Murias alegó que la integridad física del imputado corre peligro inminente y reveló que las propias autoridades del penal admitieron tener serias dificultades operativas para garantizar el resguardo de su vida dentro de la población común de internos.
«Fue un malentendido»: la estrategia de la defensa para eludir el delito de racismo
En paralelo al reclamo por la seguridad en el penal, el abogado defensor de Murias, Ciro Chagas, ensayó una controvertida justificación legal para intentar despegar a su cliente de la tipificación del delito de racismo, una figura no excarcelable y severamente penada por la legislación brasileña.
El letrado argumentó que los polémicos mensajes no configuran un crimen público debido al entorno en el que se emitieron:
“Lo que una persona habla en su conversación privada con amigos puede ser reprobable, pero no es un crimen acá en Brasil. Lo que está haciendo la investigación es un acto de externalización de su habla; no puede ser investigado como un delito de racismo como están diciendo los periodistas”.
Asimismo, Chagas contradijo la versión de la madre de la víctima, asegurando que el jubilado entregó el teléfono de manera «libre y espontánea» y que borró la fotografía del menor frente a ella en señal de buena voluntad. “En la audiencia él le dijo al juez que estaba muy arrepentido, que fue un completo malentendido, que compartía el dolor de la madre y que no es una persona racista. Es simplemente un turista que ama Brasil”, concluyó el defensor.
Crónica de una captura en el tren histórico «María Fumaça»
El repudiable episodio que motivó la detención en flagrancia ocurrió el pasado 24 de mayo en la localidad de São João del-Rei, mientras una familia brasileña realizaba un paseo ferroviario en el icónico tren a vapor «María Fumaça» para celebrar un cumpleaños infantil.
De acuerdo con las actuaciones policiales, la secuencia se desencadenó de la siguiente manera:
- La advertencia: Un pasajero sentado detrás de la familia notó de forma discreta que Murias filmaba y fotografiaba con insistencia al niño de 7 años.
- La confrontación: La madre del menor increpó al turista argentino. Tras una resistencia inicial, la mujer logró acceder al teléfono celular del sospechoso.
- El hallazgo: En el dispositivo se descubrieron chats recientes donde Murias adjuntaba la foto del nene junto a frases de neto corte supremacista, manifestando sus deseos de «tomarlo como esclavo» y de conseguir «una esclava» para que cuidara a las nietas de su interlocutor.
Tras el hallazgo de los mensajes, el tren detuvo su marcha y el implicado fue trasladado de inmediato por la Policía Militar a la Tercera Comisaría Regional, donde se le dictó la prisión preventiva.
El antecedente de la tobillera electrónica en Ipanema
El calvario judicial de Murias encendió las alarmas en el consulado argentino debido a la rigurosidad con la que los tribunales de Brasil aplican las leyes de injuria y discriminación racial. El antecedente directo más inmediato es el de la abogada argentina Agostina Páez, quien fue detenida en Río de Janeiro tras ser filmada realizando gestos simiescos en un bar de Ipanema.
En aquella oportunidad, la letrada argentina debió padecer la retención de su pasaporte, la prohibición absoluta de salir del territorio brasileño y 75 días de detención domiciliaria con tobillera electrónica. Páez logró regresar a la Argentina recién después de que la Fiscalía redujera la calificación penal a dos años de expectativa, previo pago de una fianza de 18.500 dólares y el compromiso formal de realizar tareas comunitarias.
