La Justicia de San Juan, mediante el trabajo de la UFI CAVIG, se encuentra investigando un grave caso de presunto abuso sexual con acceso carnal en el departamento de Rivadavia. Por disposición del juez de Garantías Roberto Montilla, el sospechoso pasará los próximos dos meses detenido en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación penal preparatoria, rechazando así el pedido de la defensa para que continuara en libertad.
La denuncia fue radicada el pasado 27 de mayo por la víctima, quien relató que esa noche, tras ingerir un ansiolítico (clonazepam), su pareja comenzó a insistirle para mantener relaciones sexuales. A pesar de sus reiteradas negativas y de haber manifestado que se encontraba indispuesta, el hombre la habría obligado a consumar el acto aprovechando su estado de somnolencia. La denunciante también expuso que, horas después, tras una fuerte discusión en la que le recriminó la violación, el agresor intentó armar un bolso para irse y, en medio de un forcejeo, comenzó a golpearla, agresión que cesó únicamente por la intervención de un tercero.
La fiscal Bazán, al frente del caso, detalló que el informe de riesgo arrojó un índice crítico de 29 puntos, confirmando que la mujer se encontraba inmersa en un contexto de extrema violencia de género. Ante esto, el Ministerio Público Fiscal imputó provisionalmente al acusado, un hombre de 36 años identificado por sus iniciales R.M., por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con lesiones leves, ambos agravados por el vínculo y por mediar violencia de género.
Por su parte, el imputado ofreció una versión completamente opuesta durante la audiencia. Aseguró que las relaciones fueron consentidas antes de que la mujer tomara la medicación, negó cualquier tipo de coacción y afirmó que la denuncia es una represalia porque él tenía intenciones de terminar la relación de seis años. Respecto a las lesiones físicas de la denunciante, alegó que actuó en legítima defensa debido a que ella lo agredió físicamente para evitar que se marchara del domicilio.
La defensora oficial, Sandra Leveque, sostuvo la inocencia absoluta de su asistido y argumentó que el detenido presentaba mordeduras y escoriaciones provocadas por la denunciante. A pesar de los argumentos de la defensa, el magistrado dio lugar al pedido de la fiscalía y ordenó el traslado al penal de Chimbas, una medida que ya fue impugnada por la abogada, quien espera una nueva fecha de audiencia para revertir el fallo. Como dato particular de la jornada, el abogado de apellido Pardo se presentó en el recinto manifestando haber sido contratado por la familia del acusado, aunque la defensa técnica continuó formalmente a cargo de Leveque.
