César Esteban Vignoli, un hombre que acumula al menos cinco condenas por fraude en la provincia, volvió a quedar en el centro de la escena judicial tras ser detenido junto a su pareja, Marcela Alejandra González. La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Informáticos y Estafas, bajo la conducción del fiscal Eduardo Gallastegui, impulsó las detenciones tras recibir dos denuncias que acusan al matrimonio de haber perpetrado maniobras fraudulentas con cheques sin fondos y falsas ventas de inmuebles, generando un perjuicio económico superior a los 58.000.000 de pesos.
El operativo policial que terminó con la captura de la pareja se desplegó en una vivienda del barrio Solares IV, en la zona de Trinidad, Capital. Tras la correspondiente audiencia de formalización, el juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera dictó la prisión preventiva de Vignoli por el plazo de ocho meses, ordenando su inmediato traslado al Servicio Penitenciario Provincial. Por su parte, González recuperó la libertad, aunque continuará vinculada formalmente al proceso penal mientras avanza la investigación preparatoria.
Las maniobras que motivaron la caída del histórico embaucador se dividen en dos causas específicas. La primera de ellas se originó en diciembre de 2025, cuando un empresario metalúrgico de apellido Mazuecos denunció haber sido engañado por un individuo que utilizaba la falsa identidad de «César Carrera». La víctima entregó dinero para supuestas gestiones inmobiliarias y recibió cheques denunciados como robados por un valor de 16.780.000 pesos, además de sufrir desvíos de fondos mediante transferencias bancarias directamente hacia las cuentas de Vignoli por un monto de 6.185.000 pesos.
La segunda denuncia fue radicada en abril de este año por un damnificado de apellido Samper, a quien Vignoli le ofreció en venta un departamento ubicado en el Complejo El Libertador. Para avanzar con la supuesta operación, el acusado le solicitó un pago inicial en pesos y luego la suma de 14.700 dólares, una cifra que equivale a unos 21.000.000 de pesos. En este expediente cobra relevancia la participación de Marcela González, quien según la acusación fiscal se hacía pasar por escribana pública para simular la legalidad de los trámites en oficinas estatales, en engaños reiterados que finalmente nunca se concretaron, dejando a las víctimas sin el dinero ni los inmuebles prometidos.
