La causa judicial por la presunta megaestafa de 4000 millones de pesos que mantiene en vilo a decenas de inversores sanjuaninos vivirá una jornada crucial esta semana. El próximo miércoles 10 de junio, a partir de las 08:00 en los Tribunales provinciales, se llevará a cabo una audiencia fundamental donde el juez de Impugnación, Daniel Guillén, deberá resolver una serie de apelaciones presentadas por los abogados querellantes tras el rechazo inicial de las medidas cautelares por parte del magistrado Javier Figuerola.
El punto central y de mayor impacto institucional que se debatirá en el encuentro es el pedido de prisión preventiva para Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada, los principales responsables de la firma Global Market. La querella insiste en que existen riesgos procesales que justifican la privación de la libertad, mientras que la defensa, encabezada por el abogado Jorge Videla, sostiene que sus clientes no tienen intenciones de fuga debido a que han permanecido a derecho desde la primera denuncia radicada el pasado 4 de marzo. Desde la defensa argumentan, además, que una detención les impediría continuar generando recursos para concretar la devolución del dinero a los damnificados.
Más allá de la situación de detención de los involucrados, el tribunal también evaluará otros requerimientos urgentes orientados a asegurar la prueba y determinar el destino de los fondos millonarios. Los representantes de los damnificados solicitaron allanamientos en las oficinas de calle Mendoza 31 Sur y en los domicilios particulares de los sospechosos, sumado al secuestro de computadoras y teléfonos celulares para realizar peritajes tecnológicos y establecer la trazabilidad del dinero. Estas medidas también apuntan a las propiedades de los hijos de Ahumada, bajo la sospecha de que podrían estar vinculados a la firma financiera EPYCHOST S.A.S., una entidad que habría formado parte de los movimientos operativos de Global Market.
La definición de estas medidas coincide con un escenario de profunda incertidumbre técnica respecto a qué fuero debe continuar con la investigación. El juez Figuerola se declaró incompetente recientemente, lo que derivó en la remisión del expediente a la Justicia Federal y provocó posturas encontradas entre los propios abogados de la querella. Mientras los letrados Fonzalida y Laciar pretenden que una parte de las denuncias regrese a la órbita penal ordinaria de San Juan por encuadrar en una estafa común, los abogados Marcelo Arancibia y María Ángel Hernández convalidan que el caso sea tramitado íntegramente bajo la jurisdicción federal. De persistir el conflicto de competencia entre ambos fueros, la reactivación plena de la causa podría dilatarse considerablemente si requiere la intervención final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, extendiendo los plazos para los damnificados locales que buscan recuperar sus capitales.
