La Justicia local avanza en una causa compleja por presuntas maniobras fraudulentas. Los damnificados denuncian haber sido despojados de una importante suma en moneda extranjera bajo falsas promesas de inversión en proyectos inmobiliarios.
San Juan, 2 de julio de 2026 — Un nuevo y estruendoso escándalo financiero sacude a la provincia de San Juan. En las últimas horas, trascendieron detalles de una causa judicial que investiga una presunta estafa que asciende a la impactante suma de 240.000 dólares. Por el hecho, se encuentran formalmente acusados un conocido empresario del medio local y un matrimonio de arquitectos sanjuaninos, quienes quedaron en el ojo de la tormenta tras una serie de denuncias presentadas ante las autoridades competentes.
Según fuentes vinculadas a la investigación, la maniobra delictiva se habría articulado mediante el ofrecimiento de atractivos desarrollos inmobiliarios y proyectos de construcción que prometían un alto rendimiento económico. Aprovechando su prestigio profesional y su inserción en círculos comerciales de la provincia, los imputados habrían captado los ahorros en moneda extranjera de los damnificados, prometiendo plazos y adjudicaciones que jamás se concretaron.
El «modus operandi» bajo la lupa judicial
Los denunciantes aseguraron ante la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas que confiaron sus capitales debido a la aparente solvencia que mostraba el empresario y al respaldo técnico que otorgaba la pareja de arquitectos, encargada del diseño y la proyección de las supuestas obras. Sin embargo, con el paso de los meses, las promesas comenzaron a desvanecerse entre evasivas, excusas administrativas y la paralización absoluta de los plazos acordados.
Ante la falta de respuestas concretas y la imposibilidad de recuperar el dinero invertido, las víctimas decidieron recurrir a la vía judicial. El monto total denunciado —que supera el cuarto de millón de dólares— sitúa a esta causa como una de las investigaciones por fraude más voluminosas de la provincia en lo que va del año.
Avance de la causa
La fiscalía interviniente ya solicitó una serie de medidas de prueba esenciales, que incluyen el análisis de cuentas bancarias, el rastreo de transacciones en efectivo y el peritaje de las comunicaciones y contratos firmados entre las partes. No se descarta que en los próximos días se lleven a cabo allanamientos en los domicilios particulares y los estudios profesionales de los acusados para secuestrar documentación de interés para el caso.
Por el momento, las identidades de los imputados se mantienen bajo estricta reserva legal para no entorpecer el normal desarrollo de las diligencias institucionales, aunque trascendió que se trata de figuras con activa participación en el sector privado local. Desde la defensa de los acusados se limitaron a señalar que se presentarán todas las pruebas necesarias para demostrar la inocencia de sus representados y contextualizar la situación como un mero incumplimiento contractual derivado de la situación económica actual, rechazando la existencia de un delito penal.
La comunidad sanjuanina permanece en vilo a la espera de nuevas resoluciones, mientras la Justicia busca determinar la trazabilidad de los fondos y si existen más damnificados atrapados en la misma red de falsas promesas.
