La Justicia provincial pone la lupa sobre una presunta red de fraude al Estado. El caso involucra a tres uniformados de alto rango y una millonaria maniobra de compra y posterior desvío de equipos informáticos.
Un nuevo y severo escándalo sacude las estructuras de la Policía de San Juan. La investigación penal por la presunta compra fraudulenta y posterior desaparición de 150 computadoras destinadas a la fuerza de seguridad sumó en las últimas horas nombres de peso que complican el escenario institucional. Entre los principales sospechosos en la mira de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales se encuentran tres policías de alto rango, un ingeniero informático y una conocida proveedora del Estado provincial.
La causa, que avanza bajo la sospecha de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, busca determinar cómo se ejecutó una millonaria partida de dinero para la adquisición de tecnología que, según los registros y las auditorías internas, nunca llegó a los destinos asignados o directamente se esfumó de los depósitos oficiales.
Una maniobra bajo sospecha
Según fuentes vinculadas al expediente, el fraude se habría gestado mediante la simulación de compras y la falsificación de actas de recepción de mercadería. El rol de la proveedora del Estado está siendo minuciosamente analizado, ya que los investigadores sospechan que existió una connivencia directa con los uniformados y el ingeniero a cargo del área técnica para certificar el ingreso de los 150 equipos informáticos que, físicamente, no aparecen.
Por su parte, los tres oficiales de alto rango involucrados —quienes tenían bajo su órbita la logística y la aprobación técnica de los insumos de la fuerza quedaron seriamente comprometidos tras detectarse severas incongruencias en las firmas y los remitos que avalaban la transacción.
El ingeniero del área, en tanto, es señalado como el presunto «eslabón técnico» indispensable para maquillar la recepción y justificar de forma telemática e interna que el equipamiento cumplía con los requisitos exigidos por el pliego de contratación.
Allanamientos y peritajes
En los últimos días, la Justicia ordenó una serie de procedimientos que incluyeron el secuestro de documentación clave, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento en las oficinas policiales comprometidas y en los domicilios particulares de los investigados. Los peritos informáticos de la provincia ya trabajan en el cruce de correos electrónicos y mensajes que permitan reconstruir la ruta del dinero y determinar el destino final de las computadoras.
Desde la Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad local confirmaron que, en paralelo a la vía judicial, ya se iniciaron los correspondientes sumarios administrativos a través de la Subsecretaría de Control de Gestión, disponiendo el pase a disponibilidad de los efectivos implicados mientras dure el proceso de investigación.
El caso ha generado un fuerte impacto en el arco político y social de San Juan, reactivando el debate sobre los mecanismos de control en las compras directas del Estado y la transparencia dentro de las fuerzas de seguridad provinciales. Se espera que en las próximas semanas los imputados sean citados a audiencia de formalización para conocer detalladamente los cargos en su contra.
