En una jornada clave encabezada por la UFI Delitos Especiales, la Justicia formalizó los cargos contra los cinco efectivos aprehendidos tras el allanamiento en la seccional de Las Chacritas. Un agente quedó acusado de lesiones graves y apremios ilegales, dos por vejaciones y los restantes por omisión de ayuda e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La causa por brutales apremios ilegales ocurrida en el interior de la Comisaría 31ra del departamento 9 de Julio dio un paso decisivo este viernes con la imputación formal y la delimitación de responsabilidades penales para los cinco uniformados involucrados. La investigación fiscal, motivada por la grave fractura de tobillo que sufrió un detenido en la celda, determinó distintos grados de participación para cada uno de los acusados.
De acuerdo a la calificación presentada por la UFI Delitos Especiales, la situación más severa recae sobre el agente Hernán Ochoa (25), imputado por apremios ilegales y lesiones graves agravadas por la función pública, señalado como autor directo del ataque físico. Asimismo, el cabo José Gabriel Páez (38) y el agente Miguel Alejandro Saldaña (26) fueron imputados por vejaciones y apremios ilegales, mientras que los agentes Lucas Ortiz (28) y Fabián Atencio (30) enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de ayuda por no haber intervenido para frenar la golpiza.
Elementos probatorios y la situación de la víctima
La prueba central de la acusación radica en los libros de guardia y registros audiovisuales que certifican que la víctima, identificada como Braian Alexander Pasten (29, alias «Mocuco»), ingresó a la dependencia caminando sin ningún tipo de lesión y horas más tarde debió recibir atención médica urgente por una fractura ósea severa. La fiscalía prevé sumar los testimonios de otros internos presentes en el calabozo al momento del hecho.
Si bien Pasten cuenta con un extenso prontuario policial que incluye 14 ingresos por robo, lesiones y delitos contra la integridad sexual, la Justicia subrayó que la causa se enfoca de forma estricta en el accionar punible de los agentes estatales a cargo de la custodia y la integridad física del detenido.
