Una investigación penal encabezada por la Fiscalía Genérica expuso un insólito caso de presunta usurpación de título en la provincia. Una joven identificada como María Valentina Rampulla quedó en el centro de la escena judicial tras ser acusada de ejercer y promocionarse como traductora e intérprete de inglés sin contar con título universitario habilitante ni la matrícula profesional correspondiente. Pese a la imputación, la mujer evitó una condena de prisión al acceder a una suspensión de juicio a prueba (probation) homologada por la jueza de Garantías Carolina Parra.
El caso salió a la luz a partir de una pesquisa liderada por la fiscal Daniela Pringles y el ayudante fiscal Rodrigo Herrera, quienes constataron que Rampulla ofrecía servicios técnicos a empresas del sector minero e industrial a través de anuncios y plataformas laborales como LinkedIn. En sus perfiles se presentaba como traductora e intérprete de inglés, especialista en bilingüismo y profesora universitaria egresada de la Universidad del Aconcagua.
Ni alumna, ni egresada, ni matriculada
La maniobra comenzó a desmoronarse tras una denuncia formal radicada el 22 de junio de 2026 por Lorena Garay Pellice, secretaria de la comisión directiva del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan. Las medidas informativas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal confirmaron la falsedad de sus antecedentes:
- Sin registros universitarios: La Universidad del Aconcagua certificó que la acusada jamás figuró en sus padrones como alumna regular ni como graduada de ninguna carrera.
- Sin matrícula legal: El Colegio profesional constató que la mujer no estaba inscripta en el registro oficial obligatorio para ejercer la traducción pública en la provincia.
- Hostigamiento a denunciantes: Tras advertirse las irregularidades, Rampulla envió mensajes de WhatsApp, realizó llamadas intimidatorias y publicó agravios en redes sociales contra directivos del organismo que regula la actividad.
Trabajo comunitario en Santa Lucía y donación a la Cruz Roja
Durante la audiencia judicial, la acusada se abstuvo de declarar y su defensor particular, Franco Montes, aceptó la salida alternativa consensuada con el Ministerio Público Fiscal.
Para evitar el juicio oral y lograr el sobreseimiento al término de un año, la magistrada le impuso a Rampulla estrictas pautas de conducta:
- Cumplir 24 horas de tareas comunitarias no remuneradas en dependencias de la Municipalidad de Santa Lucía (fraccionadas en un plazo de tres meses).
- Abonar un resarcimiento económico simbólico de $200.000 (en dos cuotas de $100.000) destinado íntegramente a la Cruz Roja filial San Juan.
- Prohibición absoluta de acercamiento y contacto por cualquier vía con las autoridades y miembros del Colegio de Traductores Públicos.
