Por orden de la Justicia, la Brigada de la UFI-CAVIG requisó el domicilio del sospechoso en Rawson e incautó un iPhone, una tablet y una computadora. El juez fijó una restricción perimetral de 200 metros que le impide asistir de forma presencial a la UNSJ. La defensa asegura que se trata de una difamación y apunta contra una expareja.
La investigación judicial iniciada a raíz de la denuncia de alumnas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), quienes acusaron a un compañero por la presunta creación de contenidos íntimos falsos con inteligencia artificial, sumó una medida determinante: personal de la UFI-CAVIG allanó el domicilio del estudiante en el departamento Rawson y procedió al secuestro de sus equipos informáticos.
El operativo fue ordenado por el juez de Garantías Javier Figuerola, a instancias del fiscal Alberto Martínez, y estuvo a cargo de efectivos de la Brigada de Investigaciones de la unidad fiscal especializada. En el procedimiento se incautaron un teléfono celular iPhone, una tablet y una computadora, elementos tecnológicos que serán sometidos a peritajes forenses para determinar si en ellos se alojan las imágenes generadas mediante la técnica conocida como deepfake, obtenidas presuntamente a partir de fotos públicas de los perfiles de Instagram de las damnificadas.
El denunciado, identificado como Sebastián García Pérez y patrocinado por la abogada María Filomena Noriega, no cuenta por el momento con una imputación formal. Sin embargo, la Justicia impuso una medida de restricción de acercamiento de 200 metros y la prohibición absoluta de contacto con las denunciantes por cualquier vía. En sintonía con la orden judicial, las autoridades de la Facultad de Ingeniería emitieron una resolución de Decanato que dispuso la suspensión del cursado presencial del alumno —quien continúa sus estudios bajo modalidad virtual— para resguardar a las denunciantes. Mientras la fiscalía evalúa si los hechos configuran un delito penal enmarcado en violencia de género o una contravención que deba remitirse a la Justicia de Faltas, el entorno del joven rechazó los cargos y atribuyó la difusión de los archivos a una expareja.
