La investigación judicial por el violento enfrentamiento con hachas y armas blancas registrado en Santa Lucía tuvo este jueves su primera definición en los tribunales provinciales. En una audiencia de formalización de la causa, la Justicia resolvió imputar formalmente a Rodríguez Franco como presunto autor de lesiones leves contra el prestamista Ricardo Martínez, fijándole medidas de coerción mientras avanza el proceso penal.
Cargos de la Fiscalía y pedido de preventiva
El caso, que se desencadenó tras un reclamo de dinero en la vivienda de Martínez —quien posteriormente radicó la denuncia ante las autoridades—, fue expuesto ante la magistrada interviniente por la fiscal Daniela Pringles. La representante del Ministerio Público Fiscal encuadró el accionar de Rodríguez Franco bajo la calificación de lesiones leves, solicitó un plazo de seis meses para la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y requirió tres meses de prisión preventiva de cumplimiento efectivo para el imputado mientras se recolectan peritajes y testimonios.
Planteo de legítima defensa y fallo judicial
Durante la audiencia, los abogados defensores Franco Vázquez y Gustavo De la Fuente rechazaron la versión acusatoria y plantearon una hipótesis contrapuesta. Según la defensa, su asistido fue víctima de una agresión previa por parte de Martínez en el interior del inmueble y debió defenderse para salvaguardar su integridad física, por lo que actuó bajo la figura de legítima defensa. Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías Mabel Moya dio por formalizada la imputación, convalidó los seis meses de investigación y concedió los tres meses de prisión preventiva solicitados, aunque dispuso que Rodríguez Franco cumpla la medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario.
