Macarena Selena Cantero (30), quien permanece bajo arresto domiciliario desde el pasado 17 de marzo en el marco de una investigación por maniobras fraudulentas con documentos apócrifos, sumó una nueva acusación penal en los tribunales locales. En esta oportunidad, dos hermanos se presentaron ante la Justicia y denunciaron que la mujer les sustrajo 9.000.000 de pesos tras asegurarles falsamente que se desempeñaba como secretaria en el Juzgado Federal y que tenía influencias directas para archivar una causa abierta en su contra vinculada al cultivo de cannabis.
El caso tuvo un inicio paradójico: en abril pasado, Cantero radicó una denuncia en la UFI Genérica acusando a los dos jóvenes por amenazas y hostigamiento. No obstante, al comparecer formalmente en sede judicial, los acusados revelaron que el conflicto se originó a partir del cuantioso engaño económico del que habrían sido víctimas por parte de la imputada. Tras el testimonio de los damnificados, el expediente fue derivado a la UFI Delitos Informáticos y Estafas, encabezada por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, quienes llevan adelante la instrucción.
El prontuario judicial de Cantero registra antecedentes desde 2023, cuando llegó a un acuerdo reparatorio por una maniobra en la compraventa de un teléfono iPhone. En 2025 resultó imputada por un presunto fraude de 70.000.000 de pesos contra una familia en Rivadavia por asesoramiento habitacional. Su detención efectiva se concretó en marzo de 2026, tras ser acusada de vender falsos cargos judiciales mediante resoluciones fraguadas con firmas apócrifas de ministros de la Corte Suprema y jueces federales —con un perjuicio superior a los $12 millones—, sumado a la presentación de un certificado médico adulterado. En aquella instancia, el juez de Garantías Diego Sanz le dictó siete meses de prisión preventiva, otorgándole el beneficio de la detención domiciliaria a pedido de su abogada defensora, María Filomena Noriega, debido a que amamantaba a un bebé de 20 meses. Con esta nueva presentación por 9 millones de pesos, la situación procesal de la acusada vuelve a quedar contra las cuerdas.
