Tras meses de dilaciones y un escandaloso inicio de juicio, Ángel Neira y Flavia Vargas aceptaron su responsabilidad en el sangriento episodio del asentamiento Santa Bárbara. El trasfondo apunta a una feroz pelea por territorio y estupefacientes.
El fin de las maniobras defensivas
Después de que la ausencia injustificada del abogado defensor obligara a suspender el debate la semana pasada, la justicia sanjuanina finalmente cerró el capítulo judicial contra Ángel Paulo Neira y Flavia de las Mercedes Vargas. Lo que inicialmente asomaba como un juicio oral y público terminó resolviéndose mediante un acuerdo de juicio abreviado, homologado por el juez Eugenio Barbera. Los imputados prefirieron admitir su culpabilidad antes que enfrentar una pena potencialmente mayor.
Condenas con diferente peso
La sentencia más dura recayó sobre Ángel Neira, quien fue condenado a 7 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo. El magistrado lo halló responsable del delito de tentativa de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, declarándolo además reincidente. Por su parte, Flavia Vargas recibió una pena de 3 años de prisión condicional por abuso de armas, lo que le permitirá seguir en libertad siempre y cuando cumpla con estrictas reglas de conducta.
Un ataque al borde de la muerte
El caso se remonta a noviembre de 2024, cuando un violento enfrentamiento en el asentamiento Santa Bárbara terminó con un vecino, de apellido Guzmán Muñoz, gravemente herido. Según la instrucción llevada adelante por el fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral Lozano, Neira fue quien efectuó los disparos que dejaron a la víctima en estado crítico. En medio de la balacera, Vargas también abrió fuego contra otra mujer, sumando más violencia a una jornada que conmocionó a la zona.
El fantasma del narcomenudeo
Aunque la causa se caratuló formalmente como un conflicto entre vecinos, las versiones que manejan los investigadores por fuera del expediente son mucho más oscuras. Trascendió que el enfrentamiento no fue casual, sino que respondió a una disputa territorial vinculada a la venta de drogas en el sector. Con estas condenas, la Justicia busca poner un freno a los hechos de sangre derivados de la conflictividad social y el avance de la delincuencia en los barrios de la Capital.
