A pocos días de su regreso al país, la joven enfrenta una demanda en Santiago del Estero por presunta retención indebida de un automóvil. El denunciante sostiene que se trata de un bien propio prestado durante la convivencia, mientras que el entorno de la letrada afirma que el coche pertenece a su familia.
Acusaciones de abuso de confianza
La situación legal de la abogada Agostina Páez se complica con una nueva presentación judicial en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. Javier Zanoni, quien fuera su pareja durante tres años, radicó una denuncia formal bajo los cargos de retención indebida y abuso de confianza. Según el escrito presentado por sus abogados, Elizabeth Maldonado y Franco Garnica, la disputa gira en torno a un Citroën Cactus que Páez habría utilizado durante la relación y que no habría restituido tras la separación.
La querella sostiene que se realizaron múltiples gestos para recuperar el rodado, incluyendo llamados telefónicos y el envío de una carta documento que no habría recibido respuesta. El demandante indicó que esperó a que la situación procesal de la joven en el exterior se estabilizara antes de avanzar con la vía judicial, tras fracasar los intentos de una devolución voluntaria.
Versiones cruzadas por la titularidad del bien
Desde el círculo cercano a la abogada santiagueña rechazan tajantemente la acusación. La defensa informal de Páez sostiene que el automóvil fue adquirido en 2024 con fondos de su propia familia como un regalo por haber finalizado sus estudios de abogacía en Córdoba. Según esta versión, el vehículo se puso a nombre de Zanoni únicamente por un acuerdo de confianza interno propio de la convivencia, pero aseguran que la propiedad real no le pertenece al denunciante.
Para el entorno de la abogada, esta nueva acción legal responde estrictamente a despechos y conflictos personales derivados de la ruptura sentimental, y no a un delito real de robo o retención.
Un complejo panorama procesal
Este nuevo frente jurídico surge apenas diez días después de que Páez regresara de Brasil, donde permaneció casi tres meses privada de su libertad debido a una causa por injuria racial en Río de Janeiro. Mientras debe cumplir con los requerimientos de la justicia brasileña por aquel episodio, ahora deberá afrontar este proceso paralelo en tribunales locales. La justicia santiagueña deberá ahora determinar, mediante pruebas de pago y transferencias, a quién pertenece realmente el vehículo en cuestión.
