En una jornada marcada por la tensión judicial, comenzó este lunes el juicio contra Juan Cruz Marinelli, el empleado judicial acusado de liderar una red de cobros ilegales dentro del Registro General de la Propiedad e Inmueble. La estrategia de la defensa sorprendió al tribunal al insistir en que el imputado padece un cuadro de «insania mental», buscando así suspender el proceso y evitar una posible condena por fraude contra la administración pública.
El núcleo de la acusación
Marinelli llega a juicio procesado por presuntas maniobras fraudulentas que consistían en:
- Cobros irregulares: Solicitud de dinero a particulares y gestores para «agilizar» trámites sucesorios y escrituraciones.
- Falsificación de documentos: Uso de sellos y formularios oficiales para dar apariencia de legalidad a trámites que no pasaban por los canales administrativos correspondientes.
- Malversación de fondos: Desvío de tasas que debían ingresar a las arcas del Estado provincial.
La audiencia: entre la rebeldía y el examen médico
El inicio del debate tuvo sus complicaciones. Marinelli intentó ausentarse de la audiencia, pero el juez interviniente rechazó sus planteos y ordenó que se presentara ante el tribunal. Ante la insistencia de sus abogados defensores sobre su incapacidad psíquica para afrontar el juicio, la Justicia tomó una determinación clave:
- Junta Interdisciplinaria: Se ordenó la formación inmediata de una junta de peritos médicos y psicólogos para evaluar el estado mental real del acusado.
- Continuidad supeditada: El proceso judicial quedó en una fase de espera técnica hasta que los especialistas determinen si Marinelli comprende la criminalidad de sus actos o si efectivamente se encuentra en un estado que le impide ser juzgado.
Impacto en el Poder Judicial
El caso ha generado un fuerte cimbronazo interno, ya que el Registro Inmobiliario es un área sensible para la seguridad jurídica de la provincia. Las autoridades judiciales buscan dar un mensaje de transparencia, mientras que la fiscalía insiste en que las pruebas recolectadas durante la instrucción (incluyendo testimonios y registros digitales) son contundentes para demostrar la responsabilidad penal del empleado.
