En un fallo judicial de relevancia para la provincia, la jueza Flavia Allende condenó a Alejandro Nahuel Pérez Molina a una pena única de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo. El sujeto fue hallado culpable de los delitos de distribución y tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil, agravados por involucrar a víctimas menores de 13 años.
A pesar de que el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, había solicitado inicialmente una pena de 9 años, la magistrada resolvió fijar 6 años por la nueva causa. Sin embargo, al ser Pérez Molina un reincidente ya contaba con una condena condicional de un año dictada en 2022 por un hecho similar, se procedió a la unificación de penas, resultando en el monto final de 7 años.
El condenado fue trasladado de inmediato al Servicio Penitenciario Provincial, en Chimbas, donde deberá cumplir la totalidad del castigo.
La causa se originó en octubre de 2024 tras una alerta de sistemas de monitoreo internacional que detectaron el tráfico de videos ilegales a través de redes sociales. La investigación técnica logró rastrear la dirección IP del acusado, lo que derivó en allanamientos donde se secuestró:
- Teléfonos celulares y computadoras.
- Más de 1.500 archivos entre fotos, videos y dibujos de extrema gravedad.
- Evidencia de distribución de este contenido mediante aplicaciones fuera del control internacional.
Además de la reclusión, el tribunal dispuso la inhabilitación absoluta del condenado y el decomiso definitivo de todos los dispositivos electrónicos utilizados para el delito. La lectura de los fundamentos completos de la sentencia se llevará a cabo el próximo 13 de mayo, fecha en la que se conocerán los argumentos de la jueza para rechazar el pedido de reparación de daño que había formulado la fiscalía.
