La audiencia de formalización y medidas coercitivas será clave para el futuro de los responsables de la concesionaria. Hay más de 30 damnificados que reclaman sus ahorros y vehículos entregados.
San Juan atraviesa una de las causas por estafas más resonantes de los últimos años en el rubro automotor. Este miércoles, los tres hombres detenidos y señalados como los cerebros detrás de la agencia Branka Motors se sentarán ante el Juez de Garantías en una audiencia que genera máxima expectativa: se definirá si recibirán la prisión preventiva y son trasladados al Servicio Penitenciario Provincial.
El esquema de la estafa
Según la investigación liderada por la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, el «modus operandi» de la empresa consistía en captar clientes interesados en adquirir vehículos 0km o usados seleccionados. Las víctimas entregaban importantes sumas de dinero en efectivo, dólares o incluso sus propios vehículos usados como parte de pago.
Sin embargo, tras meses de promesas incumplidas y evasivas, la concesionaria cerró sus puertas de manera repentina, dejando a decenas de familias sanjuaninas sin su capital y sin el rodado prometido.
Los puntos clave de la audiencia
- Riesgo de fuga: La fiscalía argumentará que, debido al monto millonario del perjuicio y la logística de los acusados, existe un peligro latente de que intenten eludir la justicia.
- Entorpecimiento: Se busca evitar que los implicados puedan ocultar pruebas o influir en testimonios de empleados que aún no han declarado.
- Traslado al Penal: El pedido concreto será el traslado inmediato al Penal de Chimbas mientras se desarrolla la Investigación Penal Preparatoria (IPP).
Un número de víctimas que no para de crecer
Lo que comenzó con un puñado de denuncias se ha convertido en una avalancha judicial. Hasta la fecha, se estima que son más de 30 los damnificados, aunque fuentes judiciales no descartan que el número aumente a medida que el caso toma mayor visibilidad pública. El perjuicio económico total se cuenta por cientos de millones de pesos.
Los abogados querellantes, en representación de las víctimas, solicitarán la medida más gravosa, entendiendo que el daño social y económico causado a las familias es irreparable en el corto plazo.
