La investigación por el asesinato del jubilado de 78 años entra en una etapa decisiva. El fiscal Iván Grassi confirmó que las muestras halladas bajo las uñas de la víctima serán cotejadas con los sospechosos. Además, registros fílmicos complican a uno de los detenidos.
La causa que investiga el homicidio del productor pocitano avanza a paso firme con el foco puesto en la evidencia científica. En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal ratificó que las pericias genéticas realizadas sobre el cuerpo de la víctima podrían ser la llave para identificar de manera irrefutable a los agresores.
El ADN como prueba central: El fiscal de Delitos Especiales, Iván Grassi, detalló que durante la autopsia se recolectaron muestras clave debajo de las uñas del hombre asesinado. El objetivo es determinar si existen restos biológicos de terceras personas, lo que indicaría una posible maniobra de defensa de la víctima durante el ataque.
Estos perfiles genéticos ya están siendo procesados en el Complejo Científico Forense y, una vez obtenidos, serán cotejados con el ADN de los actuales sospechosos para establecer una vinculación directa con la escena del crimen.
Contradicciones y falso testimonio: Más allá de la evidencia física, la investigación dio un vuelco debido a las inconsistencias en las declaraciones de los implicados. Uno de los tres hombres vinculados al caso fue imputado formalmente por falso testimonio.
Si bien el sujeto negó haber tenido contacto cercano con el productor en los días previos al hecho, la Justicia cuenta con pruebas contundentes que desmienten su versión:
- Registros bancarios: El sospechoso fue captado por cámaras de seguridad conversando con la víctima el mismo día en que esta última concurrió a cobrar su jubilación.
- Vínculo previo: Las filmaciones contradicen su declaración inicial, lo que derivó en su inmediata detención e imputación por entorpecer la labor judicial.
Hipótesis del robo y plazos procesales
La principal línea investigativa sostiene que el crimen ocurrió bajo la modalidad de crimen causa propia; es decir, los atacantes habrían asesinado al jubilado para garantizar su impunidad, ante la posibilidad de que este los reconociera tras el robo de sus haberes.
Actualmente, hay dos personas señaladas como presuntos coautores del homicidio. La Justicia ha otorgado un plazo de 45 días para la Investigación Penal Preparatoria, tiempo durante el cual los resultados de los estudios de ADN y el análisis de las comunicaciones serán fundamentales para elevar la causa a juicio.
