Los implicados irrumpieron en una vivienda de Casuarinas para exigir un pago vinculado a drogas. Pese a que dispararon cuatro veces contra la casa, recibieron una pena de ejecución condicional.
En una resolución dictada este miércoles, la Justicia sanjuanina condenó a tres hombres oriundos de la localidad de Casuarinas, departamento 25 de Mayo, tras un violento episodio de reclamo de dinero que incluyó amenazas de muerte y disparos con armas de fuego.
La jueza de Garantías, Mabel Moya, dictó la sentencia de un año de prisión de ejecución condicional para los tres imputados:
- Manuel Jesús Mariño Aguirre (19): Empleado rural.
- Jorge Luis Pizarro (32): Oficial de albañilería.
- Franco Daniel Riveros Pizarro (32): Comerciante y pensionado.
Todos fueron hallados culpables del delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.
El ataque: De la gresca a los disparos
El hecho ocurrió el pasado 24 de abril, alrededor de las 18:30 horas. Según la investigación encabezada por la UFI Genérica, representada por la fiscal Daniela Pringles y su equipo, los tres hombres se presentaron en el domicilio de un vecino de apellido Ibáñez.
La irrupción no fue amistosa: el grupo exigió de forma violenta el pago de una deuda que, presuntamente, estaría vinculada a la comercialización de estupefacientes. Lo que comenzó como una discusión escaló rápidamente a una gresca física dentro de la propiedad.
En medio del desorden, uno de los sujetos de apellido Pizarro sacó un arma de fuego para intimidar a la víctima. Tras un segundo enfrentamiento, los agresores abandonaron la vivienda y subieron a un automóvil Ford Focus negro. Sin embargo, antes de huir, efectuaron cuatro disparos contra el frente de la casa.
Pruebas determinantes
La pericia criminalística fue clave para la causa. Los investigadores constataron la presencia de cuatro orificios de bala en una de las ventanas del domicilio de Ibáñez, lo que confirmó la gravedad del ataque y el peligro de muerte inminente al que estuvo expuesta la víctima.
Libertad con restricciones
Pese a la contundencia de los disparos contra la estructura habitada, la calificación legal bajo la cual se cerró el proceso permitió que los acusados mantuvieran la libertad, siempre y cuando cumplan con las reglas de conducta impuestas por la jueza Moya.
Además de la pena de prisión en suspenso, la Justicia les impuso una prohibición absoluta de acercamiento y contacto hacia el denunciante y todo su grupo familiar. De incumplir esta medida, la condena de un año pasará a ser de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.
