Lo que comenzó como un operativo de control rutinario en las rutas de San Juan en abril de 2024, terminó convirtiéndose en uno de los casos de corrupción policial más graves del último tiempo. Los protagonistas de esta historia que hoy sacude a la fuerza son el oficial subinspector Matías Joaquín Barbeito, el sargento Gabriel Ángel Puca, el cabo primero Marcos Horacio Altamirano y el cabo Matías Leonel Vega Ante. Todos ellos están procesados por quedarse con una suma millonaria que pertenecía a un chofer salteño de apellido Condorí.
Según la denuncia, los efectivos interceptaron al camionero y, lejos de cumplir con su deber de proteger y servir, se habrían apoderado de 20 millones de pesos que el hombre trasladaba. El caso llegó rápidamente a los tribunales federales, donde los uniformados quedaron contra las cuerdas.
En las últimas horas, la defensa de los policías intentó una jugada de último momento para evitar el banquillo de los acusados: ofrecieron una «reparación integral del daño». El plan era simple (pero polémico): devolverle hasta el último centavo al camionero a cambio de que se extinguiera la acción penal y el proceso se cerrara sin condenas. Incluso, trascendió que el damnificado estaba dispuesto a aceptar el dinero para dar por terminado el asunto.
Sin embargo, el fiscal federal Fernando Alcaraz se plantó con firmeza y se opuso al acuerdo. El argumento fue contundente: cuando hay funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción y abuso de autoridad, el delito no se soluciona con un simple reembolso. El daño no es solo al bolsillo del camionero, sino a la confianza de toda la sociedad en las instituciones.
Finalmente, el tribunal integrado por los jueces Hugo Echegaray, Daniel Doffo y Carolina Pereyra respaldó la postura de la fiscalía y rechazó el pedido de los federales. No habrá «salida elegante» para los uniformados.
Ahora, el destino de los cuatro efectivos se definirá en un debate oral y público. Este lunes, a partir de las 9:00 hs, Barbeito, Puca, Altamirano y Vega Ante deberán sentarse frente al Tribunal Oral Federal N°2 para dar las explicaciones que hasta ahora no han podido dar. La justicia busca dejar un mensaje claro: el uniforme no es una licencia para delinquir.
