La Justicia de San Juan puso la lupa sobre una maniobra que habría afectado a decenas de ahorristas por una cifra cercana a los 2.800 millones de pesos. Las denuncias apuntan directamente contra Gustavo Omar Ahumada, titular de las firmas GMI y Global Market, y los contadores Pamela Domínguez y Guillermo Soria. El escándalo estalló cuando los inversores se encontraron con el cierre de las oficinas de calle Mendoza y la interrupción total de los pagos.
Para intentar frenar la ola de denuncias, la empresa envió un comunicado a los damnificados alegando que la falta de fondos se debe a la suspensión de una explotación minera por parte del Ministerio de Minería en diciembre pasado. Según el descargo de Ahumada, la reciente aprobación de un informe de impacto ambiental permitiría reactivar las tareas y saldar las deudas. Sin embargo, los denunciantes aseguran que su dinero fue desviado hacia operaciones de alto riesgo vinculadas a la minería sin su autorización, rompiendo los acuerdos originales de inversión en bonos.
La causa está en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, liderada por el fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli. La magnitud del caso es alarmante: una sola empresa reclama 2.200 millones de pesos, mientras que hay familias que denuncian haber perdido ahorros por 100 millones. Mientras la firma promete una asamblea para el 20 de mayo y habla de un supuesto «inversor estratégico», la Justicia no descarta que el expediente pase al fuero federal con intervención de la Comisión Nacional de Valores.
