La Justicia provincial avanza en la investigación en torno a la clausura de una fiesta clandestina que funcionaba bajo la modalidad «after» en un conocido boliche de Avenida Libertador, en Capital. El operativo, ejecutado alrededor de las 11:00 de la mañana del pasado domingo, terminó con el desalojo de unas 100 personas y abrió un complejo escenario judicial debido a presuntos hechos de violencia.
Según las fuentes vinculadas al caso, el procedimiento se inició cuando los efectivos policiales constataron que el local continuaba abierto fuera del horario habilitado. Durante el desalojo, la situación se descontroló y se produjeron serios enfrentamientos entre los asistentes y la policía, lo que habría dejado personas lesionadas en ambos lados.
Ante las versiones cruzadas, la investigación sumó una prueba clave con el secuestro de las cámaras de seguridad del boliche. Este material audiovisual será sometido a peritajes para reconstruir los incidentes con precisión y determinar las responsabilidades de cada parte.
Actualmente, las autoridades judiciales analizan dos situaciones paralelas y delicadas. Por un lado, las supuestas agresiones físicas que sufrieron los uniformados durante el operativo de despeje. Por el otro, se investiga una presunta situación de apremios ilegales por parte del personal policial contra un joven, quien de manera posterior acudió al médico legista de la UFI CAVIG para constatar sus heridas. Pese a la gravedad de los hechos bajo análisis, desde los tribunales confirmaron que hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal por parte de los involucrados.
