El dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino arribó esta mañana a los tribunales de Retiro. Se lo investiga por presunta retención indebida de aportes por una cifra multimillonaria. Mañana será el turno de Claudio «Chiqui» Tapia.
En el marco de una causa que sacude los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, se presentó este miércoles 11 de marzo en los tribunales de la Avenida de los Inmigrantes para prestar declaración indagatoria ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante.
Toviggino llegó al edificio judicial bajo un operativo de seguridad especial, luego de que la Justicia rechazara sus intentos previos de declarar de manera virtual o suspender la citación. El dirigente está imputado por la presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de seguridad social que, según la denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), superarían los 19.300 millones de pesos.
La acusación La investigación se centra en fondos que habrían sido descontados pero no depositados al fisco entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Los delitos investigados prevén penas de entre dos y seis años de prisión. Si bien desde la AFA sostienen que la situación se regularizó mediante planes de pago y denuncian una «persecución política», la querella asegura que la entidad contaba con solvencia suficiente —incluyendo plazos fijos millonarios— al momento de omitir los pagos.
Semana clave en Tribunales La ronda de declaraciones comenzó días atrás con otros directivos y el lunes pasado con la presencia de Víctor Blanco (ex presidente de Racing). La expectativa está puesta ahora en la jornada de mañana jueves, cuando el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, deba comparecer ante el magistrado para cerrar esta etapa de indagatorias.
Tras estas presentaciones, el juez Amarante tendrá un plazo de diez días hábiles para resolver la situación procesal de los imputados, quienes actualmente tienen prohibida la salida del país.
El próximo 18 de marzo habrá una audiencia clave en la Cámara de Apelaciones, donde la defensa de los dirigentes buscará que se cierre la causa por «inexistencia de delito».
