Una masiva y caótica movilización colapsó el centro de la capital administrativa boliviana, donde la Policía reprimió con gases lacrimógenos a manifestantes afines al expresidente Evo Morales que intentaron quebrar el cerco de seguridad. El conflicto, que ya lleva dos semanas con 15 puntos de bloqueo y un alarmante desabastecimiento de alimentos, combustible y medicinas, escaló tras el arribo de columnas de campesinos e indígenas que rechazan el diálogo con el mandatario Rodrigo Paz. El Ejecutivo denunció que facciones radicales como los «Ponchos Rojos» se plegaron a las marchas portando armas de fuego y lanzando abiertas amenazas de guerra civil.
La estabilidad democrática en Bolivia atraviesa su hora más crítica. El centro de La Paz se transformó este lunes en un escenario de batalla campal cuando las fuerzas de seguridad intentaron dispersar las columnas de manifestantes que tenían como objetivo sitiar la Plaza Murillo, el epicentro político e institucional donde se levanta el Palacio de Gobierno. El recrudecimiento de la violencia ya dejó al menos un manifestante herido de gravedad, según los primeros reportes de la prensa local, mientras que el Palacio Quemado permanece completamente blindado por un estricto anillo de seguridad compuesto por efectivos policiales y unidades militares.
La ola de protestas es liderada formalmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y diversas organizaciones sindicales, vecinales e indígenas. El conflicto se inició originalmente hace catorce días bajo el reclamo de un aumento salarial del 20%, pero la situación viró rápidamente hacia una consigna netamente política: la dimisión inmediata del presidente Rodrigo Paz. El jefe de Estado, que asumió el poder el pasado 8 de noviembre quebrando dos décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS), enfrenta este escenario con apenas seis meses de gestión y tras haber intentado, sin éxito, convocar a una mesa de diálogo que fue categóricamente rechazada por los líderes de las movilizaciones durante el fin de semana.
Bloqueos, desabastecimiento y el factor Evo Morales
El impacto de las protestas ya hace mella en la vida cotidiana de los ciudadanos. Los manifestantes mantienen cortadas las principales rutas de acceso que conectan a La Paz con la populosa ciudad satélite de El Alto, registrándose al menos 15 puntos de bloqueo activos solo en esa periferia, aunque los piquetes ya se extendieron de forma estratégica a otras regiones clave del territorio boliviano.
Esta parálisis total del transporte terrestre desencadenó las siguientes consecuencias inmediatas en la capital gubernamental:
- Falta de insumos críticos: Hay un paulatino pero severo desabastecimiento de combustibles, alimentos de primera necesidad y medicamentos esenciales en los hospitales.
- Fracaso del despeje: El pasado sábado, las fuerzas de seguridad intentaron liberar las rutas mediante la fuerza, pero las autoridades debieron ordenar la retirada de los uniformados para evitar una escalada de conflictividad que terminara en una tragedia mayor.
El condimento más complejo de la crisis es el político. Entre la multitud que copó el centro paceño sobresalen los sectores leales al expresidente Evo Morales, quienes arribaron a la capital tras semanas de marchas a pie desde el interior del país. Cabe destacar que el propio Morales posee actualmente una orden de captura internacional en su contra en el marco de una causa judicial que lo investiga por presunta corrupción de menores, motivo por el cual se encuentra refugiado bajo la protección de sus bases cocaleras en su histórico bastión del Chapare.
Denuncias de grupos armados y peligro de guerra civil
La preocupación en los despachos de la casa de gobierno boliviana es total. El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, brindó una conferencia de prensa de urgencia en la que denunció que sectores de la movilización rompieron los márgenes de la protesta social legítima para pasar directamente al uso de armamento. «Hoy llega a La Paz la marcha de los cocaleros y de Evo Morales, ese es el hecho noticioso más importante del día, pero queremos denunciar que, lamentablemente, se han identificado grupos que pasaron al uso de las armas y eso sí nos tiene sumamente preocupados», sentenció el portavoz oficial.
Desde el Ejecutivo identificaron formalmente al cabecilla de esta facción armada como Bernabé G.P., un exfuncionario del Ministerio de Defensa que actualmente ejerce el cargo de «presidente del comité de conflicto» de los denominados Ponchos Rojos. Se trata de una estructura de campesinos aimaras del altiplano paceño, históricamente caracterizada por sus posturas radicales, su organización de tipo paramilitar y la exhibición pública de fusiles antiguos en sus movilizaciones.
Para sustentar la gravedad de la acusación, el vocero presidencial exhibió un video que comenzó a circular con fuerza en las redes sociales. En la grabación se puede observar a una veintena de miembros de los Ponchos Rojos apostados sobre una carretera andina, mostrando armas de fuego largas y arengando a viva voz el grito de «ahora sí, guerra civil». Según la información de inteligencia provista por el gobierno boliviano, el exfuncionario investigado instó formalmente a las bases rurales a sumarse en masa a la marcha de los seguidores de Morales portando «todas las armas posibles», lo que encendió las alarmas de un posible e inminente enfrentamiento civil a gran escala en las calles del país vecino.
