La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) del Norte descartó de forma oficial que los huesos descubiertos en la zona de alta montaña correspondan a un yacimiento arqueológico. Las pericias preliminares revelaron que los restos humanos pertenecen a dos individuos fallecidos durante el siglo pasado. En el lugar, operado para tareas de la mina Vicuña, también se incautaron botones y nueve vainas de fusil, elementos que abren un fuerte interrogante sobre el contexto de las muertes.
Lo que inicialmente se perfilaba como un descubrimiento de valor histórico para el patrimonio precolombino de la provincia dio un vuelco drástico hacia los escritorios de la justicia penal ordinaria. El hallazgo de piezas óseas humanas en las cumbres del departamento Iglesia, registrado el pasado 21 de mayo, no guarda relación con las comunidades originarias de la región, sino que se enmarca dentro de acontecimientos sucedidos en el transcurso del siglo XX, forzando la intervención urgente de los peritos forenses para determinar las identidades y las causas de los decesos.
La confirmación del vuelco en la causa fue detallada por el fiscal interviniente de la UFI Norte, Gastón Salvio, quien precisó que la intervención de los organismos especializados logró desmitificar las primeras conjeturas. El descubrimiento se produjo de manera fortuita en la localidad de Colangüil, a unos 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar, mientras un grupo de operarios ejecutaba tareas de excavación, mejoras y mantenimiento vial sobre el camino de acceso hacia el proyecto de la mina Vicuña.
El operativo en alta montaña y las evidencias incautadas
Debido a las severas dificultades geográficas, climáticas y de accesibilidad que presenta la geografía iglesiana a esa altitud, la fiscalía coordinó un operativo conjunto con el Escuadrón de Gendarmería Nacional y especialistas de Patrimonio Cultural e integrantes del Instituto de Investigación de Museo para efectuar el levantamiento técnico de los restos y resguardar la cadena de custodia.
Si bien las primeras versiones de los trabajadores sugerían la presencia de tres cuerpos debido a la dispersión de los restos, el informe preliminar elaborado por los antropólogos de Patrimonio Cultural rectificó la cifra y constató que se trata de dos personas, determinando que los últimos fragmentos óseos analizados correspondían a la misma fisonomía del primer esqueleto.
La fosa periférica arrojó además indicios materiales de alto interés pericial:
- Dos cráneos completos.
- Huesos largos correspondientes a extremidades inferiores (piernas).
- Nueve vainas servidas de un fusil.
- Botones de indumentaria civil o militar antigua.
“Patrimonio dijo en este primer informe que no se tratarían de hallazgos arqueológicos sino que serían personas que han vivido en el siglo XX, por lo que nosotros vamos a buscar ese material por medio del Complejo Científico Forense y vamos a determinar el tiempo desde su fallecimiento”, ratificó el fiscal Salvio en diálogo con Canal 13.
Los plazos legales para obtener certezas absolutas sobre el origen, sexo, data exacta de muerte y eventuales perfiles genéticos de los esqueletos demandarán un lapso mínimo de un mes. El Complejo Científico Forense de la provincia someterá las muestras a rigurosos análisis de ADN y comparativas de laboratorio con los archivos de personas desaparecidas o denuncias históricas de la región.
El antecedente inverso: el hallazgo indígena en Marayes
La resolución del caso de Iglesia contrasta de forma directa con otro hallazgo óseo registrado recientemente en la localidad de Marayes, dentro del departamento Caucete. En dicha oportunidad, una fuerte creciente dejó al descubierto una serie de huesos humanos cerca del cauce de un río, los cuales fueron divisados por una vecina que circulaba de forma casual por el terreno.
A diferencia de lo acontecido en Colangüil, la intervención de la división Criminalística y de los equipos interdisciplinarios de médicos y arqueólogos determinó que el sitio de Caucete correspondía a un enterratorio ancestral. Las pericias forenses confirmaron que se trataba de los restos de cinco personas pertenecientes a pueblos originarios (tres adultos y dos menores de edad), descartando de cuajo cualquier indicio de violencia contemporánea o criminalidad y traspasando el resguardo de los elementos de forma definitiva a las áreas de investigación patrimonial científica de San Juan.
