La Justicia sanjuanina concedió una prórroga en la investigación penal. Sumaron a dos efectivos a la causa por haber estado presentes desde la detención ilegal hasta las brutales agresiones contra la víctima, Cristian Morales.
SAN JUAN. La causa que investiga un grave caso de presunta violencia institucional en la Comisaría 6ª de Rawson dio un paso clave esta semana. En una audiencia judicial, el fiscal Iván Grassi solicitó extender los plazos de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), pedido que fue avalado por el juez de Garantías, Pablo León. La novedad central radica en la ampliación de los imputados, sumando a dos nuevos miembros de la fuerza policial al expediente.
Los nuevos vinculados al caso son los oficiales Alan Nieva y Martina Rocío Peralta. De acuerdo con la hipótesis que maneja la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, ambos efectivos estuvieron presentes durante toda la secuencia del hecho: desde la aprehensión de la víctima, su traslado a los calabozos, hasta el momento exacto en el que se habrían concretado los salvajes apremios ilegales.
Con estas nuevas incorporaciones, la lista de policías imputados asciende a cinco. Se mantiene como presunto autor material de las agresiones a Gabriel Adrián Mariño, mientras que Cristian Gabriel Aciar y Alejandro Emiliano González continúan procesados como partícipes de la maniobra. Cabe recordar que estos tres últimos cumplieron prisión preventiva en el Penal de Chimbas, aunque actualmente siguen el proceso bajo libertad condicional.
Un acta falsa y una golpiza que casi resulta fatal
El caso se originó a partir de la detención de Cristian Morales durante la madrugada del 1 de julio de 2025. Desde el primer momento, la Fiscalía argumentó que el procedimiento fue completamente ilegal y que los uniformados confeccionaron un acta de contravención falsa para camuflar el arresto. En dicho documento alegaron que Morales participaba de una riña callejera, algo que las pruebas recolectadas desmintieron por completo.
Una vez dentro de la dependencia policial, Morales fue sometido a tratos crueles e inhumanos. Según la acusación y testimonios claves —incluido el de otro detenido de esa noche, Maximiliano Martínez, quien aseguró haber sido obligado a limpiar la sangre de la celda—, la víctima fue obligada a desnudarse y, al resistirse, recibió una feroz golpiza por parte de Mariño. Una parte de este violento episodio llegó a ser registrada en un video que posteriormente tomó estado público.
El parte médico de Morales expone la gravedad de las torturas sufridas: ingresó al hospital con fractura de cráneo, derrame cerebral, fracturas en la nariz y el oído, y una severa hemorragia interna que obligó a los médicos a realizarle una craniectomía de urgencia para salvarle la vida.
A la espera de pericias determinantes
Fuentes del caso confirmaron que la prórroga de la investigación servirá, fundamentalmente, para recibir los resultados de nuevas pericias médicas complementarias sobre la salud de Morales. El resultado de estos informes será de vital importancia para el fiscal Grassi, quien no descarta agravar la calificación legal o añadir nuevos delitos a la imputación de los efectivos involucrados en las próximas semanas.
