Se trata de Franco Roberto Limolle, un joven de 31 años con un extenso prontuario delictivo que acababa de salir del Penal de Chimbas. Tras ser acusado de amedrentar a su familiar, rompió en llanto ante el tribunal y aseguró que intentan introducir a sus hermanas de 14 y 16 años en la prostitución. La jueza Carolina Parra le otorgó la libertad y ordenó la intervención urgente de la Línea 102.
Una audiencia de formalización de cargos en los Tribunales de San Juan derivó en una declaración estremecedora que obligó a la intervención inmediata de los organismos de protección de menores. Franco Roberto Limolle, un joven de 31 años con un frondoso historial delictivo y que recuperó la libertad hace casi dos meses, se sentó en el banquillo de los acusados imputado por el delito de amenazas contra su tía. Sin embargo, el caso dio un vuelco absoluto cuando el detenido pidió la palabra y destapó un presunto y oscuro entramado familiar de vulneración de derechos.
Una frase violenta y una denuncia desesperada
El expediente penal contra Limolle se inició a fines de junio, pocas semanas después de que el acusado recibiera el alta del Servicio Penitenciario Provincial. Ante la falta de un hogar, su abuela lo recibió en una vivienda ubicada en el departamento de Rawson. Según la denuncia radicada por su tía, en ese contexto de convivencia el hombre comenzó a proferirle graves amedrentamientos sin motivo aparente, los cuales le provocaron un profundo temor. «A vos te voy a dejar tuerta», fue la frase que presuntamente le espetó a la damnificada, según consta en la acusación judicial.
Al momento de declarar ante la jueza de Garantías, Carolina Parra, el imputado dio una versión diametralmente opuesta y aseguró que su familia lo utiliza como «chivo expiatorio» de todos los conflictos internos. Acto seguido, al borde de las lágrimas, lanzó una gravísima acusación pública: afirmó que la pelea con sus parientes se originó porque estas padecen adicciones y ejercen la prostitución, pero que su indignación radica en que estarían intentando introducir en esas mismas prácticas a sus hermanas menores de edad, de 14 y 16 años, quienes residen en el mismo domicilio. «Yo quiero lo mejor para ellas», manifestó compungido ante el tribunal.
Libertad condicional, pericias y el deseo de reinserción
La gravedad de los dichos de Limolle generó un fuerte debate en la sala de audiencias. La fiscal de la UFI CAVIG, Florencia Pons Belmonte, solicitó de manera firme que se dictara la prisión preventiva para el acusado, fundamentando su pedido en el riesgo procesal y los reiterados antecedentes penales que posee el sujeto en la provincia. Por su parte, el defensor oficial, César Oro, rechazó la medida privativa de la libertad y argumentó que su asistido se encuentra realizando «changas» diarias en un intento genuino por reinsertarse en la sociedad tras pasar la mitad de su vida tras las rejas.
“Estuve quince años en el penal y ya no quiero volver ahí. Me cansé de robar y de hacer cosas malas”, aseveró el propio Limolle ante la magistrada.
Finalmente, la jueza Carolina Parra resolvió formalizar la investigación por el presunto delito de amenazas por un plazo de cuatro meses, pero dispuso la libertad del imputado bajo estrictas medidas de coerción morigeradas. Durante el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), el joven tendrá la prohibición absoluta de acercamiento y contacto hacia la denunciante y su entorno, y deberá presentarse una vez por semana en la comisaría de su jurisdicción. En paralelo, la magistrada ordenó la intervención de carácter urgente de los gabinetes de la Línea 102 para constatar el estado de las adolescentes y determinar la veracidad de la red de explotación denunciada.
