La investigación por el presunto fraude de 90 millones de pesos contra el Estado sumó un elemento crucial. En la memoria de los equipos secuestrados hallaron archivos oficiales que debilitan la versión de que el equipamiento entregado era nuevo.
Un nuevo y revelador elemento sacude la investigación penal por la presunta compra irregular de equipamiento informático destinado a la Policía de San Juan. Las últimas pericias informáticas realizadas sobre las impresoras secuestradas arrojaron un dato que podría cambiar definitivamente el rumbo del expediente: los dispositivos registran un uso previo dentro de otra cartera del Estado provincial, lo que echa por tierra la versión de que se trataba de tecnología sin uso y adquirida especialmente para la fuerza.
La causa, que lleva adelante la UFI Delitos Especiales N° 4, tiene en la mira una maniobra de presunto fraude a la administración pública valuada en unos 90 millones de pesos (valores de la gestión de gobierno anterior). El pliego original contemplaba la adquisición de 150 computadoras, tablets y 20 impresoras que el Estado pagó en su totalidad, pero que jamás llegaron a las dependencias policiales.
El hallazgo en la memoria interna
El giro clave se produjo al analizar la memoria interna de las impresoras secuestradas en los allanamientos. Los peritos lograron recuperar e imprimir archivos almacenados en los dispositivos y, para sorpresa de los investigadores, se encontraron con documentación oficial perteneciente al Ministerio de Educación.
Esta revelación abre una hipótesis sumamente comprometedora para los acusados: los equipos presentados como «nuevos» en la contratación del año 2023 habrían sido en realidad dispositivos que ya pertenecían al Estado o que estaban en circulación en otras áreas gubernamentales. Los investigadores judiciales no descartan que, a medida que avancen los análisis tecnológicos, surjan documentos vinculados a otras reparticiones públicas.
Una entrega «fantasma» y un depósito privado
La hipótesis de la fiscalía, liderada por el fiscal Roberto Ginsberg, sostiene que en junio de 2023 se firmaron las actas que certificaban que la Policía había recibido el equipamiento de manera conforme, habilitando así el desembolso de los fondos públicos. Sin embargo, la posterior gestión de la fuerza constató que los elementos nunca habían ingresado físicamente al inventario estatal.
El caso tuvo un quiebre en julio de 2025, cuando la empresaria imputada declaró de manera espontánea que la mercadería estaba guardada en un galpón privado en Capital. Al ser secuestradas, las sospechas se multiplicaron: las computadoras no coincidían con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego —tenían menor memoria RAM de la pautada— y sus sistemas operativos habían sido instalados apenas días antes del operativo judicial, a pesar de que figuraban como entregadas hacía más de un año.
Imputados y sumarios en marcha
La causa fue formalizada recientemente ante la jueza de Garantías Flavia Allende, quien otorgó un plazo de un año para el desarrollo de la investigación preparatoria.
Los imputados bajo la carátula de fraude en perjuicio de la administración pública (y violación de los deberes de funcionario público en el caso de los efectivos y el técnico) son:
- María de Lourdes Quiroga Coll: Empresaria y proveedora del Estado, titular de la firma adjudicataria.
- Enzo Ariel Fava: Ingeniero que se desempeñaba en el área de la Secretaría de Seguridad.
- Jorge Eduardo Santoni: Comisario mayor retirado.
- Juan José Valverde y Juan José González: Comisarios en actividad.
Por su parte, desde la Subsecretaría de Gestión y Control de la Seguridad Pública confirmaron que ya se iniciaron los sumarios administrativos correspondientes sobre los comisarios González y Valverde, quienes por el momento continúan cumpliendo funciones en la fuerza mientras la Justicia provincial delimita sus responsabilidades en la polémica maniobra.
