La abogada de la querella, Rosa Sánchez, explicó en Radio Colón los alcances del fallo nacional sobre los 6 años que se le adicionaron a la condena de Ángel Morales. La letrada advirtió que no se revisa el hecho ni la culpabilidad, mientras que alertó sobre el grave impacto psicológico y económico que atraviesa la madre de la víctima en Zonda.
El brutal asesinato de Talía Recabarren, ocurrido en junio de 2016 en el departamento Zonda, volvió al centro de la escena judicial tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En una entrevista concedida a Radio Colón, la abogada Rosa Sánchez —representante legal de la madre de la víctima, Anabela Recabarren— brindó precisiones sobre la instancia técnica que atraviesa el caso y expuso la dramática situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el entorno familiar a una década del crimen.
Sánchez aclaró enfáticamente que el máximo tribunal del país no anuló la condena ni ordenó la absolución del asesino, Ángel Morales. El joven, que al momento del hecho tenía 17 años, fue condenado en 2019 a 10 años de prisión por homicidio agravado (sin la figura de femicidio). Posterior a ello, la Corte de San Juan le adicionó 6 años más a la pena. La intervención actual de la Nación únicamente ordena revisar el fundamento procedimental y legal de esos 6 años de incremento, manteniéndose firme la autoría del hecho y el cumplimiento de la condena base.
Secuelas psicológicas, falta de asistencia en Zonda y el pedido para ser querellantes
La reactivación de la causa provocó una fuerte revictimización en el núcleo familiar. La letrada denunció que la madre y las hermanas de Talía no han recibido contención psicológica ni psiquiátrica por parte del Estado provincial, lo que derivó en cuadros severos de depresión y estrés postraumático. Al residir en zonas alejadas de Zonda y carecer de recursos económicos para el transporte o tratamientos privados, la contención ha quedado limitada a la ayuda asistencial que aporta la Asociación de Amas de Casa de San Juan.
Paralelamente, la defensa técnica presentó el pasado 21 de julio una solicitud formal ante la Corte local para constituirse oficialmente como parte querellante. El objetivo de la familia es tener acceso directo al expediente y participar activamente en las audiencias previstas en el tribunal. Por último, la abogada y los conductores recordaron los oscuros interrogantes que dejó la investigación original sobre la posible participación de cómplices o encubridores, dada la frialdad con la que actuó el imputado al participar de los rastrillajes mientras la adolescente permaneció 6 días desaparecida.
