El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, dictaminó que la investigación por la lujosa propiedad de Pilar debe tramitarse en la Ciudad de Buenos Aires y no en el juzgado de Campana.
La investigación sobre el origen de los fondos utilizados para la compra de una ostentosa mansión en Pilar, vinculada a figuras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó un nuevo capítulo judicial. El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, sostuvo este lunes que la causa debe abandonar la jurisdicción de Campana y retornar al ámbito del fuero federal porteño, específicamente al juzgado de Daniel Rafecas.
En su dictamen presentado ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, Villar cuestionó la decisión previa de la Cámara Federal de San Martín, que había derivado el expediente al juzgado de Adrián González Charvay en Campana. Según el fiscal, dada la complejidad del objeto procesal y la especialización necesaria en materia de lavado de activos, la competencia corresponde a la Justicia en lo Criminal Federal de la Capital Federal.
El caso gira en torno a una quinta valuada en aproximadamente 17 millones de dólares, la cual cuenta con helipuerto, caballerizas y un galpón donde se halló una flota de autos de lujo. Los principales imputados en la mira judicial son Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, señalados como presuntos testaferros en la operación inmobiliaria.
La trayectoria del expediente ha sido sinuosa. El juez Daniel Rafecas fue el primero en intervenir, pero se declaró incompetente, enviando las actuaciones al fuero Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky. Posteriormente, el caso derivó en la justicia de Campana, movimiento que ahora el fiscal Villar busca revertir.
Como alternativa, el fiscal planteó que, si no se acepta el regreso al juzgado de Rafecas, la causa debería al menos volver a la órbita del juez Aguinsky en la Ciudad de Buenos Aires, pero nunca permanecer en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires donde se encuentra actualmente.
Ahora, la decisión final quedó en manos de los jueces del máximo tribunal penal del país, Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma, quienes deberán definir qué magistrado llevará adelante la investigación sobre los millonarios bienes atribuidos a personas del entorno de la dirigencia del fútbol argentino.
