La justicia sanjuanina determinó que Juan Cruz Marinelli sea trasladado a un centro de salud tras la recomendación de una junta médica. El debate oral quedó en suspenso y corre riesgo de ser anulado si no se reanuda en el plazo legal de 15 días.
El juicio contra Juan Cruz Marinelli, el empleado judicial acusado de maniobras fraudulentas en el Registro Inmobiliario de San Juan, sumó un capítulo inesperado que paralizó el proceso. Luego de que la defensa insistiera en que el imputado no se encontraba en condiciones psíquicas de afrontar el debate, una junta médica avaló el pedido de internación para estabilizar su cuadro de salud.
Un proceso al borde de la anulación
La suspensión del debate genera una fuerte incertidumbre en los tribunales locales. Según la normativa vigente, si el juicio no logra reanudarse dentro de los próximos 15 días corridos, todo lo actuado hasta el momento deberá ser anulado. Esto implicaría designar un nuevo juez y comenzar el proceso desde cero, un escenario que la fiscalía busca evitar a toda costa.
Desde el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Nicolía, mantienen una postura firme: consideran que estas son maniobras dilatorias de la defensa. Por este motivo, se solicitó que las pericias médicas se realicen con la mayor celeridad posible para determinar si Marinelli puede volver a sentarse en el banquillo de los acusados.
Las claves de la acusación contra Marinelli
Maniobras con formularios oficiales
A Marinelli se lo investiga por presunto fraude en perjuicio de la administración pública. La causa tomó fuerza tras un allanamiento en su lugar de trabajo, donde se encontraron trece «Formularios Verdes» descartados en un basurero, lo que reforzó la sospecha de cobros ilegales por trámites que debían seguir los canales oficiales.
Su situación en el Poder Judicial
A pesar de la gravedad de la imputación, que prevé penas de hasta seis años de prisión, el acusado nunca perdió su empleo en el Poder Judicial. Tras estallar el escándalo en el Registro Inmobiliario, fue trasladado a una defensoría oficial, manteniendo su cargo mientras la justicia determina su responsabilidad penal en los hechos denunciados.
