Tras el aterrizaje en Rosario, la pasajera involucrada en el acto sexual a bordo intentó despegarse del arquitecto y aseguró ante las autoridades que no tenía responsabilidad en el hecho. Ambos fueron trasladados por la PSA y enfrentan una causa por exhibiciones obscenas.
Lo que debía ser un vuelo de rutina desde Panamá hacia Rosario terminó en un expediente judicial y una escena de película en la zona de Business de Copa Airlines. Los protagonistas, identificados como Mauricio C. y Sandra O., fueron denunciados por la tripulación tras realizar movimientos sospechosos en los asientos de la clase ejecutiva, lo que activó el protocolo de detención al aterrizar.
«Lo mandó al frente»
Según testigos y el relato de la periodista Analía Bocassi, quien viajaba en el mismo avión, la actitud de la mujer fue de rechazo total hacia su compañero de asiento una vez que intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Mientras el hombre descendía del avión en una situación sumamente comprometida —incluso con sus prendas bajas—, Sandra O. mantuvo una postura defensiva.
«Dijo que no tenía nada que ver y lo mandó al frente al hombre», trascendió sobre las primeras palabras de la mujer, quien buscó desvincularse por completo del accionar del arquitecto rosarino.

Un encuentro espontáneo
Uno de los datos que más sorprendió a los investigadores es que, al parecer, la pareja no se conocía de antes. El vínculo se habría iniciado de forma espontánea durante el trayecto, lo que derivó en el incidente que motivó la denuncia de las azafatas. Mientras la familia del arquitecto lo esperaba en la terminal sin sospechar lo ocurrido, la mujer enfrentó el proceso legal en soledad.
Consecuencias legales
Tras la intervención de la Unidad de Flagrancia, el caso tomó el siguiente rumbo:
- Imputación: Ambos fueron notificados por el delito de exhibiciones obscenas.
- Situación actual: Recuperaron la libertad, pero la causa fue derivada a la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual de Rosario.
- Pruebas: La Fiscalía analizará los testimonios de la tripulación y las pruebas recolectadas en los asientos 1E y 1F para determinar el grado de participación de cada uno.
Aunque se estima que no habrá penas de prisión efectiva, los involucrados podrían enfrentar multas económicas o la realización de tareas comunitarias como parte de la resolución del conflicto judicial.







